Es uno de los temas más debatidos y que más titulares están llenando en las últimas semanas, saliendo del sector tecnológico y llegando a protagonizar debates públicos: ¿hasta qué punto pueden las autoridades invadir la privacidad de los ciudadanos en aras de la seguridad pública? ¿Es el escándalo del programa de espionaje estadounidense PRISM exagerado? ¿Deben los ciudadanos rebelarse ante la posibilidad de que la policía pueda utilizar troyanos en sus investigaciones? La respuesta no está clara en ninguno de los casos.
El caso de Estados Unidos, el de un programa según el cual grandes compañías tecnológicas ofrecerían acceso libre a sus servidores a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para investigar a sospechosos de terrorismo, está siendo el más sonado por varias razones. En primer lugar, porque ese acceso sería distinto al habitual en casos de seguridad (mediante peticiones puntuales, vía juez) y todas esas compañías (Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo!…) ofrecerían una especie de barra libre de datos a NSA. Es decir: cualquier usuario podría estar siendo investigado o espiado sin saberlo, sin que ningún juez haya tenido que aprobar ese registro.
La segunda razón es el alcance global de PRISM: todas las compañías metidas en el programa son ya internacionales y tienen a usuarios de todo el mundo. El acceso por parte de las autoridades a sus servidores permitiría investigar no solo a ciudadanos estadounidenses, sino a cualquier usuario de cualquier lugar del mundo (la ley estadounidense está en contra de esto, pero PRISM se aferraría a una serie de excepciones contenidas en la legislación que permiten el espionaje sin autorización judicial), lo que no ha sentado bien ni a usuarios, ni a gobiernos.
En España, mientras tanto, hace unas semanas nacía un debate similar tras la presentación de un borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal que recoge que la policía podrá hacer uso de troyanos en sus investigaciones. ¿Una simple actualización de un código que todavía vivía ajeno al mundo de Internet o una intromisión en toda regla en la esfera íntima de los ciudadanos?
El borrador de anteproyecto plantea muchos problemas éticos y otros de índole más práctica. Todos queremos coger a los malos, pero ¿también si eso implica que un policía pueda leer nuestro correo personal?
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