Mañana la compañía californiana tratará de convencer al Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de que es un servicio digital, no una compañía de transporte, en un caso que podría determinar si las organizaciones basadas en aplicaciones deberían estar exentas de las leyes que competen a las empresas regulares.
El caso se inició por primera vez en España en 2014 cuando Uber se enfrentó a la oposición de la industria del taxi en el ejercicio de su actividad y ahora ha llegado hasta el máximo tribunal europeo.
En 2014 Uber fue demandado por el principal operador de taxis de Barcelona, que alegó que estaba ejecutando un servicio ilegal de taxis a través de su aplicación UberPOP -que tuvo que suspender tras la demanda-.
Uber sostuvo entonces que simplemente es una plataforma digital que conecta a los conductores dispuestos con los clientes y no un servicio de transporte. Posteriormente, el juez español solicitó orientación al TJUE, con sede en Luxemburgo, y mañana una cámara de 15 jueces escuchará los argumentos.
La aplicación de taxis estadounidense, que se lanzó hace cinco años en Europa, se ha enfrentado a una feroz oposición del sector del taxi y algunas autoridades locales que temen que la empresa cree una competencia desleal porque no está sujeta a las normas nacionales de licencias y seguridad.
Los partidarios, sin embargo, defienden que las rígidas obligaciones reguladoras protegen a los operadores históricos y obstaculizan la entrada de nuevas empresas digitales que ofrecen acuerdos de trabajo más flexibles a los trabajadores de la UE.
El caso ha atraído el interés global. Los Países Bajos, donde Uber tiene su sede europea, Finlandia, Polonia, Grecia y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) han presentado observaciones escritas que tienden a apoyar a Uber. Por el contrario, España, Francia e Irlanda han dictaminado en sus comunicaciones que Uber es un servicio de transporte.
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