La UE avisa de que las nuevas normas de vigilancia del Reino Unido son ilegales

El pasado 17 de noviembre, el Parlamento británico aprobaba la Ley de Poderes de Investigación, que básicamente legaliza la vigilancia masiva de comunicaciones en Reino Unido. Una norma que ha despertado las críticas de la Unión Europea, que afirma que las leyes de vigilancia del Reino Unido son ilegales y no están “justificadas dentro de una sociedad democrática”.

Una decisión del Tribunal Europeo de Justicia, dictada hoy, cuestiona directamente la legislación recientemente aprobada por el Reino Unido, con el argumento de que la recopilación “general e indiscriminada” de datos informáticos por parte de los gobiernos sólo está permitida cuando se utiliza para combatir la delincuencia grave, según The Verge.

El tribunal denuncia que la recolección masiva de datos implica que los ciudadanos se sientan bajo “vigilancia constante” y permite a los gobiernos sacar “conclusiones muy precisas” sobre su vida privada. “Sólo el objetivo de combatir la delincuencia grave es capaz de justificar tal injerencia”, dice el tribunal, añadiendo que una legislación como la del Reino Unido “excede los límites de lo estrictamente necesario y no puede considerarse justificada dentro de una sociedad democrática”.

La Ley de Poderes de Investigación crea un marco legal que autoriza a las autoridades a hackear dispositivos, redes y servicios, incluso a nivel masivo. También podrán mantener grandes bases de información personal sobre ciudadanos y residentes en Reino Unido, así como obligar a las empresas a descifrar los datos de sus comunicaciones.

Los grupos de defensa de la privacidad y los políticos británicos de la oposición dieron la bienvenida a la sentencia del tribunal. Jim Killock, director del Open Rights Group, la describió como el envío de un “mensaje claro” al gobierno británico de que la vigilancia general es “inaceptable en una democracia”.

Sin embargo, no está muy claro que el fallo pueda servir para revocar las leyes de vigilancia británicas. El gobierno de Theresa May apelará la decisión y, de todos modos, es posible que el Brexit le permitirá ignorarla. El hecho de que el Reino Unido tenga que cumplir o no la sentencia del tribunal dependerá de los términos precisos de su salida de la UE.