El gobierno de EEUU pierde su recurso contra Microsoft por los datos de emails almacenados en Irlanda

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El gigante del software ha defendido en reiteradas ocasiones que la demanda de EEUU es una solicitud de datos extraterritorial que puede estar vulnerando el derecho internacional.

El gobierno de EEUU ha perdido un recurso legal para que su caso crítico contra Microsoft vuelva a escucharse.

Microsoft se ha negado a entregar a los investigadores estadounidenses los correos electrónicos de un ciudadano no estadounidense, investigado por un delito, albergados en un servidor en Irlanda. El caso es visto como una prueba sin precedentes de hasta qué punto la jurisdicción actual ya no es competitiva en la era de Internet.

En 2014, el FBI utilizó una ley que data de 1986 (Stored Communications Act) para pedir los correos electrónicos. Microsoft se negó a entregarlos argumentando que las órdenes de allanamiento no llegaban más allá de las fronteras estadounidenses.

En julio de 2016, la Corte de Apelaciones dio la razón a Microsoft al llegar a la conclusión de que la Stored Communications Act no autoriza a los tribunales a hacer cumplir la ley a los proveedores de servicios basados en EEUU fuera del territorio.

El Departamento de Justicia no estuvo satisfecho con el dictamen de la Corte de Apelaciones y, en octubre, cuestionó la decisión “sin precedentes” y pidió una audiencia completa. Su lógica era que la orden de búsqueda no debía depender del lugar donde se almacenaban los datos sino de quién controlaba el acceso (Microsoft).

Los abogados gubernamentales señalaron que los usuarios no tienen elección sobre dónde residen sus datos y expresaron su preocupación sobre esta sentencia, ya que las compañías estadounidenses podrían pasar por alto las leyes nacionales simplemente almacenando sus datos en servidores en otras jurisdicciones. Pusieron como ejemplo que las bases de datos enteras de Google y Yahoo podrían permanecer fuera del alcance de las autoridades “incluso cuando el propietario de la cuenta reside en EEUU y el crimen investigado es enteramente nacional”.

Con una nueva administración gubernamental bajo el electo presidente Donald Trump es posible que se solicie al Departamento de Justicia que abandone el caso definitivamente o que lo eleve al Tribunal Supremo.

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