Movistar por ejemplo, se queda con el saldo que el usuario tenga en la tarjeta prepago, si éste no la recarga en un plazo de 7 meses. Vodafone hace lo mismo pero alarga el plazo hasta los 10 meses y Orange da 13 meses.
Transcurrido ese tiempo, la operadora se queda con el dinero que tenga la tarjeta y bloquea el número sin que los usuarios puedan reclamar.
Las autoridades de consumo en Madrid han abierto un expediente a Movistar por estas prácticas y en Andalucía han hecho lo mismo con Vodafone.
Desde Facua ya han advertido que no pueden justificar que los clientes “que no realizan recargas en los plazos establecidos únicamente les reportan costes de mantenimiento”.
La asociación denuncia que “como es lamentablemente habitual, los procedimientos abiertos por las autoridades de Consumo están tramitándose como una enorme lentitud, para perjuicio de los intereses de los consumidores”.
Además, reclaman al Instituto Nacional de Consumo que tome cartas en el asunto, ya que la denuncia fue remitida a este organismo hace un año, pero se desentendió.
vINQulos
Facua
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