Bruselas respalda la economía colaborativa

La Comisión Europea ha publicado su esperado informe sobre economía colaborativa. Un documento que arroja un jarro de agua fría sobre las exigencias de taxistas y hoteleros al respaldar plataformas como Uber, Airbnb o Blablacar y recomendar a los Estados miembros que no les pongan trabas.

El informe es una hoja de ruta que pretende mostrar a los países de la UE cómo afrontar los retos de la economía colaborativa. Se basa en tres cuestiones: el marco regulatorio, el impositivo y el del empleo.

Sobre la regulación, la Comisión establece que “los proveedores de servicios deben estar obligados a obtener una autorización o licencia solo si es estrictamente necesario para cumplir objetivos de interés público. Las plataformas no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias cuando solo actúen como intermediarios entre consumidores y los que ofrecen el servicio. Los países miembros deben diferenciar también entre ciudadanos individuales ofreciendo servicios de forma ocasional y proveedores actuando en su capacidad profesional, por ejemplo, estableciendo límites máximos en base al nivel de actividad”.

En cuanto a la responsabilidad en caso de conflictos al contratar estos servicios, Bruselas sostiene que “las plataformas colaborativas pueden estar exentas de ser responsables por la información que almacenan sobre aquellos que ofrecen el servicio. No deben estar exentas de responsabilizarse de cualquier servicio que ofrezcan ellas mismas, como los pagos”.

En el segundo aspecto tratado por el informe, los impuestos, la CE recomienda a cada Estado simplificar y aclarar sus leyes fiscales, aunque se muestra tajante: las empresas de la economía colaborativa tienen que cumplir su obligación de pagar impuestos, “igual que cualquier otro participante en la economía”. “Los impuestos relevantes incluyen el impuesto sobre la renta, impuestos corporativos e IVA. Estas plataformas deben cooperar con las autoridades nacionales para registrar su actividad y facilitar la recolección de impuestos”.

Finalmente, sobre el empleo, la Comisión Europea deja libertad a cada país para legislar. “Las leyes laborales son competencia casi exclusiva de cada país, complementándose con unos estándares mínimos legales de la UE. Los Estados miembros puede que quieran considerar criterios como la relación de subordinación con la plataforma, la naturaleza del trabajo y la remuneración cuando decidan si alguien puede ser considerado un empleado de una plataforma”.

Las recomendaciones de Bruselas, aunque no vinculantes, suponen un claro respaldo a las plataformas colaborativas, que habitualmente se definen como simples intermediarias entre consumidores -como el caso de Uber, BlaBlaCar o Airbnb-, no prestadoras de servicios. En el caso de aquellas -como Cabify- que actúan como plataformas profesionales en las que existe relación laboral con los trabajadores, el informe pretende regular la normativa laboral para evitar que las plataforma eludan cualquier responsabilidad sobre sus conductores.

De todos modos, la postura de la UE es clara: la línea a seguir es eliminar las trabas a la economía colaborativa y dejar la prohibición de este tipo de actividades “solo como una medida de último recurso“. La conflictiva situación en la que se encuentran estas plataformas en países como Francia, Alemania o España podría solventarse si los países de la UE hacen caso a las recomendaciones de la Comisión Europea, aunque para ello tendrán que lidiar con las protestas de diversos sectores profesionales.