Los primeros robots comerciales empezaron a producirse en los años 50. Sin embargo, su auge comenzó dos décadas más tarde, con el desarrollo de la robótica industrial y la necesidad de las empresas de responder a la creciente conflictividad laboral. Pero ya en 1953, Henry Ford II, por entonces presidente de la Ford Motor Company, planteaba el impacto de los robots en la fuerza de trabajo de las empresas, al preguntar a Walter Reuther, líder del sindicato UAW, cómo iban a pagar las cuotas sindicales los autómatas. Reuther le respondió: “Henry, ¿y cómo va a conseguir usted que esos mismos robots le compren sus coches?”.
La anécdota refleja el inestable equilibrio entre desarrollo tecnológico, automatización, riqueza y empleo. Una relación potencialmente conflictiva que se remonta a la primera Revolución Industrial y que, en los inicios de la llamada Industria 4.0, con el auge exponencial de los robots y la inteligencia artificial, vuelve con fuerza al debate público.
El progreso de la robótica es innegable: en la actualidad el 8% de los puestos de trabajo están ocupados por robots, un porcentaje que se elevará al 26% en 2020. Para entonces, uno de cada cuatro empleos lo realizará una máquina con más o menos rasgos de inteligencia artificial.
Una revolución tecnológica ante cuyas consecuencias la Administración Obama ya alertó a finales del año pasado. Un informe del Consejo de Asesores Económicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía advierte de que, con una gestión inadecuada, la automatización podría generar más desigualdad, en un país ya profundamente dividido.
A este respecto, Alberto Martín, ingeniero informático que trabaja en una firma de marketing digital, destaca que el avance a pasos agigantados de la tecnología “provoca que en ciertos sectores, y cada vez con mas frecuencia, las maquinas vayan remplazando el trabajo humano, ya no solo en el mundo de la industria”.
Aunque “desde el punto de vista empresarial es un gran ahorro”, Martín considera que “el factor humano es imprescindible en cualquier sector y, en el caso de poder reemplazar algunos puestos por máquinas, es preciso que se regule también algún tipo de cotización, por consumo eléctrico o algún otro factor”.
Una preocupación por el factor humano que comparten en Attac. Cive Pérez, de Attac Madrid, considera inevitable el conflicto social derivado del avance tecnológico. Según Pérez, sólo “el científico y el administrador experto” podrán sobrevivir en “una época en la que el empleo ha dejado de ser el elemento integrador de la mayoría social”.
Si hay un agente económico claramente beneficiado del auge de la robótica y la inteligencia artificial, ese son las empresas. Según los estudios manejados por el área laboral del despacho de abogados Cuatrecasas, el coste de crear un robot caerá un 20% este año, al tiempo que su rendimiento crecerá un 5%. Teniendo en cuenta que las personas doblan su productividad cada 10 años y los robots cada cuatro años, el tiempo de amortización de un robot puede pasar de 64 a 16 meses antes del fin de esta década.
En este contexto, Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas, propuso en 2016 la posibilidad de que un empresario pueda efectuar despidos individuales objetivos “por falta de adaptación del trabajador a los cambios tecnológicos”.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones (Anfac), señalan sin embargo que la utilización de robots ha permitido mejorar tanto la calidad final de los productos como las condiciones laborales de los trabajadores en la línea de producción. Adolfo Randulfe, director de Comunicación de la patronal española del automóvil, asegura: “La integración de los robots en las líneas de producción, algo que se viene haciendo desde hace muchos años, ha permitido que aquellas labores más penosas se realicen de forma automática”.
Respecto al impacto en el empleo, desde Anfac están “convencidos de que los robots y las personas no son excluyentes” y recuerdan que en la industria del automóvil conviven desde hace tiempo. “No creemos que el uso de robots tenga una repercusión global negativa en el empleo. Es más, estas tecnologías -creación, uso, mantenimiento, etc.- son creadoras, a su vez, de empleo”, sostiene Randulfe.
Otro sector donde la inteligencia artificial y los robots –fundamentalmente los chatbots- están transformando el negocio es la banca. José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), señala que en el sector financiero, “la aproximación digital al cliente es algo que este último demanda. Los bancos buscan la mejor forma de servir al cliente, anticipar su futura demanda”. Aunque esto no debe significar “un cambio radical en la aproximación personal que hasta ahora ha primado en la relación de confianza cliente-banco”.
Respecto a la repercusión que tendrá la automatización del trabajo en el empleo y la desigualdad, desde la AEB consideran que, pese que “la robótica es un proceso imparable”, es importante “corregir tanto el posible daño que puede producir en determinados tipos de empleos, como invertir en su desarrollo de forma que nos podamos beneficiar en términos de eficiencia y mayor potencial de crecimiento”.
Para ello, “la educación, la mejor educación, es fundamental en el primer caso. Y crear las condiciones propicias, financieras, administrativas y fiscales, lo es para sacar el máximo beneficio económico”, concluyen desde la asociación bancaria.
En las últimas décadas, los grandes sindicatos, al menos en España, se han centrado en pedir “más y mejor empleo”. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos meses cuando han comenzado a plantearse soluciones a la destrucción de empleo derivada de las nuevas tecnologías y su correspondiente impacto en las cotizaciones sociales.
El pasado mes de diciembre, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, propuso en el Congreso que el presupuesto de la Seguridad Social para las pensiones contributivas se complemente con impuestos. Uno de estos impuestos gravaría las tecnologías que han destruido empleo. “Estos elementos siempre habían tenido una compensación por la vía de la reducción de jornada”, pero al no producirse ésta, se debería compensar por la vía de la financiación de la Seguridad Social, según Álvarez.
José Varela, asesor en nuevas tecnologías de UGT y autor del libro La brecha digital en España. Estudio sobre la desigualdad postergada, editado por el sindicato, prevé que la progresiva maquinización “podría destruir entre medio millón y 750.000 de empleos netos en los próximos cinco a 10 años”, elevando la tasa de paro hasta un 22-24%, del cual un 18% sería estructural. Asimismo, generará mayor desigualdad social por cuestiones laborales, ya que el trabajo que se cree “será de alta cualificación y el que se destruya será de muy baja, al no existir posibilidad real de migración intraprofesional”.
Alejados de posturas neoludistas, en UGT se posicionan a favor de la transformación digital, “pero sin dejar a nadie atrás, haciéndola de forma justa, sostenible y solidaria”. Para ello, proponen reformular el actual contrato social, adaptándolo al nuevo contexto digital, dentro de una estrategia denominada Smart España.
Dicha estrategia se basa en cinco pilares: educación, tanto académica como en el puesto de trabajo; políticas activas de empleo que permitan a los desempleados formarse en nuevas tecnologías; un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica de todos los ciudadanos; equilibrar el reparto del trabajo, de forma que se reduzca la jornada a medida que el trabajo sea realizado por robots, y una Prestación de Ingresos Mínimos para los trabajadores que pierdan su empleo y no puedan conseguir uno nuevo.
En Comisiones Obreras, en cambio, no comparten este nuevo “determinismo tecnológico” que afirma que la digitalización va a generar un fuerte desempleo tecnológico así como un alto grado de desigualdad social. Su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, cree que “el elemento clave de la relación entre el grado de disrupción de las nuevas tecnologías y sus efectos en el empleo no son las tecnologías en sí mismas, sino cómo se aplican en un entorno empresarial y social concreto”.
En este sentido, Gorriz defiende que el ritmo de incorporación de nuevas tecnologías sea “definido por toda la sociedad a través de adecuadas regulaciones, con un papel protagonista del Estado en cuanto al diseño del modelo industrial y productivo”. Diálogo social sobre las nuevas formas de empleo de la economía digital, adecuación entre el sistema educativo y el productivo, cambio del modelo de reparto de las plusvalías empresariales y reducción de jornadas laborales con igual salario son algunas de las propuestas de CCOO.
Al igual que las empresas y los sindicatos, las instituciones y partidos políticos también están tomando posiciones ante la Cuarta Revolución Industrial. A ambos lados del Atlántico y del Pacífico, ya se configuran estrategias para hacer que la inevitable automatización de millones de puestos de trabajo sea lo menos lesiva posible para las personas que realizan hoy esas tareas y, en su lugar, impulse una mejora sustancial de la calidad de vida del conjunto de la población.
En Estados Unidos, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca propone en su informe Artificial Intelligence and Automation Economy tres estrategias generales: invertir en inteligencia artificial, incluyendo la ética; educar y capacitar para los trabajos del futuro, y reforzar las prestaciones de desempleo y asistencia sanitaria de los trabajadores desplazados. Asimismo, recomienda que el incremento de la productividad del trabajo se traduzca en aumentos salariales.
En Europa, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de enero una moción para otorgar a los robots el estatus de “persona electrónica”, que les atribuye derechos y obligaciones específicos. La impulsora de la moción fue la eurodiputada luxemburguesa Mady Delvaux, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), que defiende la “cooperación entre robots y humanos”.
¿Qué consecuencias tendría este estatus de persona electrónica? Además de la responsabilidad de los robots más avanzados por sus actos o la obligación de contar con un seguro y un botón de desactivación de emergencia, la moción propone introducir la contribución de los robots y la inteligencia artificial a las arcas públicas, “a través de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social”.
Y, habida cuenta de los posibles efectos en el mercado de trabajo de la robótica y la IA, la Eurocámara cree que “debería considerarse seriamente un ingreso básico general e invita a todos los Estados miembros a hacerlo”.
Esta propuesta va en la línea de partidos políticos como Podemos, que recientemente ha retomado con fuerza su idea de Renta Básica Universal y que defiende un reequilibrio del peso de capital y trabajo en la economía nacional. No son los únicos: el mismo Elon Musk propuso hace unos meses una renta básica para contrarrestar los efectos del empleo de robots, y organizaciones como Attac sostienen la necesidad de un ingreso incondicional que garantice la suficiencia de recursos de cada ciudadano, independientemente de su condición de trabajador o no.
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